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jueves, 04 de marzo de 2021
viernes, 24 de abril de 2020

Proteger la agricultura familiar y facilitar el trabajo agrícola, prioridades del Gobierno de Aragón en la crisis del COVID-19

El consejero Olona ha reivindicado el trabajo en el campo por ser “tan digno como cualquier otro”

Con la intención de proteger el modelo familiar de agricultura, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha iniciado la consulta pública previa a la elaboración del anteproyecto de Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón mediante un documento que ya se encuentra publicado en el Portal de transparencia del Gobierno de Aragón.

La agricultura familiar es el modelo sobre el que se asienta fundamentalmente la producción de alimentos en Aragón, siendo uno de los pilares que sostiene nuestro medio rural y que configura nuestro territorio.

Si sobre el modelo agrario familiar ya pesaban graves amenazas antes de la crisis del COVID-19 debido a sus mayores dificultades que otros modelos de carácter corporativo para el acceso al capital, a los mercados globales, a los conocimientos y a la tecnología, estas amenazas podrían verse ahora recrudecidas en un escenario de previsible caída general de la demanda y consiguiente exceso de oferta.

“Habiendo quedado demostrada la fortaleza y fiabilidad de la cadena alimentaria para asegurar el abastecimiento a toda la población en una situación tan difícil como la que está suponiendo el estado de alerta y confinamiento sanitario, toca prepararse ahora para asegurar también la supervivencia de todos y cada uno de sus eslabones, sobre todo el de los más débiles y entre ellos las explotaciones familiares ante la crisis económica que viene tras la sanitaria” ha manifestado el consejero Olona.

Asimismo, se hace imprescindible revisar los instrumentos clásicos de apoyo público a las infraestructuras de carácter comunitario que han permitido incrementar la competitividad de las explotaciones de carácter familiar en las últimas décadas, tales como las inversiones en regadíos y concentraciones parcelarias. Su adaptación resulta imprescindible no sólo porque sus fundamentos jurídicos datan de hace 50 años y se precise ajustarlos a la realidad socioeconómica actual, sino porque es imperativo que respondan con eficacia a los retos sociales y económicos que ahora tenemos que enfrentar. Esta adaptación incluye también al propio Patrimonio agrario del Gobierno de Aragón, regulado en estos momentos por una Ley de 1992, para convertirlo en una herramienta útil que permita ponerlo a disposición de los profesionales agrarios, así como de los jóvenes u otros posibles colectivos que deseen incorporarse al sector.

Los objetivos que se plantean para la Ley son los siguientes:

-Establecer los criterios de caracterización del modelo de agricultura familiar en Aragón.

-Definir los criterios de priorización para una aplicación más eficaz y eficiente de las políticas públicas en favor del modelo familiar agrario y de los bienes públicos asociados. 

-Potenciar la figura del agricultor profesional en el marco del modelo familiar reduciendo la brecha de renta que sufre. Consolidar y mejorar la productividad y viabilidad económica de las explotaciones agrarias.

-Mejorar la dimensión económica, la productividad y la competitividad de las explotaciones familiares agrarias, facilitando su operatividad y acceso a la tecnología, a los conocimientos y a los mercados.

-Mejorar la integración ambiental de las explotaciones familiares agrarias.

-Favorecer el relevo generacional y la incorporación de la mujer al sector agrario, en el marco del modelo familiar. 

-Potenciar el papel de las Comunidades de Regantes en la creación y modernización de regadíos, habilitando nuevas herramientas de apoyo público.

-Afrontar la dispersión y fragmentación de la propiedad de la tierra incorporando nuevos instrumentos de concentración parcelaria, de reordenación y de gestión de la propiedad en consonancia con el contexto ambiental y socioeconómico actual.

-Configurar un Banco de Tierras que permita concentrar en favor del modelo familiar el Patrimonio Agrario de la Comunidad Autónoma, facilitando las inversiones privadas sobre ese activo a medio y largo plazo y preservando, en todo caso, la propiedad pública del mismo.

-Potenciar y adaptar la estructura cooperativa aragonesa como solución institucional preferente para facilitar el acceso competitivo del modelo familiar agrario a los mercados, a la tecnología y al conocimiento.

Al documento publicado en la web de Transparencia, podrán efectuarse aportaciones por todos aquellos que puedan estar interesados, hasta el 30 de junio próximo. La intención es disponer, pasado el verano, de un primer borrador de texto articulado que, tras su trámite de exposición pública y la emisión por los diferentes órganos implicados -de todos aquellos informes que sean preceptivos- pueda ser propuesto para la aprobación por parte del Gobierno de Aragón y su posterior trámite ante las Cortes de Aragón.

El Gobierno de Aragón quiere facilitar el acceso de los trabajadores aragoneses al campo, particularmente a la campaña de fruta que se va a desarrollar durante los próximos meses

Asimismo, el Gobierno de Aragón pretende facilitar e incentivar el acceso de los trabajadores aragoneses al campo. El consejero considera necesario erradicar el término “temporeros”-dada su connotación negativa- empezando a concederle al trabajo de aclareo y recolección de fruta la profesionalidad y reconocimiento que merece. Olona también ha hecho un llamamiento a la sociedad aragonesa para “que contemple esta actividad sin prejuicios y como una opción laboral tan digna como otra cualquiera, sobre todo una vez que todos hemos visto y comprendido que el trabajo agrícola, en sus diferentes modalidades, está entre las esenciales para nuestro bienestar”.

Con ese propósito se promulgó la semana pasada la Orden conjunta de los departamentos de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y el de Economía, Planificación y Empleo, por la que se adapta a la realidad territorial y demográfica aragonesa, el Real Decreto Ley 13/2020, de 7 de abril, de medidas urgentes en materia de empleo agrario. La Orden extiende las medidas de flexibilización en la contratación de trabajo agrícola al conjunto de la Comunidad Autónoma, con independencia del municipio de residencia habitual o temporal del trabajador y del municipio donde se ubica el lugar de trabajo agrícola a desarrollar.

Como medida complementaria a la regulada por la Orden citada, el consejero Olona ha anunciado que su Departamento, en colaboración con las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) como entidades oficiales reconocidas en el ámbito nacional y europeo para gestionar la política agrícola europea en el ámbito de la organización común de mercados de frutas y hortalizas, trabaja en el establecimiento inminente de un régimen de transporte, de carácter extraordinario durante el período de vigencia del Estado de Alarma -o del mantenimiento de sus restricciones- exclusivamente destinado a trabajadores contratados para la recolección o aclareo de frutas y hortalizas, que residan en municipios de más de 5.000 habitantes situados a más de 50 kilómetros de distancia de la explotación frutícola donde haya de realizarse el trabajo, y que mantengan durante el período de contratación su residencia en su domicilio habitual. La intención es evitar que tengan que ser alojados en el entorno de la explotación con el fin de reducir de este modo significativamente los riesgos sanitarios. El consejero ha insistido en que “los trabajadores que utilicen el transporte facilitado deberán disponer del correspondiente contrato de trabajo en vigor conforme a la legislación vigente”. Así mismo, la OPFH o socio de la misma contratante, garantizará la adopción de las medidas de seguridad e higiene pertinentes conforme a lo establecido por sus propios servicios de prevención de riesgos laborales, tanto durante los desplazamientos como durante el desarrollo del trabajo en las explotaciones donde se lleve a cabo.

El consejero también ha reiterado el compromiso del Gobierno de Aragón en relación con el suministro de Equipos de Protección Individual (EPI) al sector agroalimentario, que ya se inició la pasada semana con la distribución de 50.000 mascarillas a través de las cooperativas (FACA) y la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón (AIAA).

La agroalimentación afronta el doble reto de contribuir a la recuperación económica y social de Aragón enfrentando sus propias dificultades para vencer la crisis del COVID-19

Las dos cuestiones presentadas tan solo son dos ejemplos concretos, aunque muy significativos, del intenso trabajo que viene desarrollando el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón para facilitar que el sistema agroalimentario aragonés se adapte a su entorno y pueda seguir así desempeñando el papel estratégico que, una vez más, ha demostrado ejercer en relación con nuestro bienestar, tanto desde el punto de vista de la alimentación como desde el del desarrollo económico, social y territorial.

Olona ha afirmado que “la agroalimentación jugó un papel capital en la recuperación de la crisis financiera del 2008 y, sin lugar a dudas, también lo hará en relación con la crisis del COVID-19. Pero para ello habrá que tomar decisiones y medidas como las que, de hecho, ya hemos empezado a adoptar”.

En relación a los huertos, el consejero ha instado al Gobierno central a adoptar una solución definitiva en relación a los huertos en el medio rural por darse circunstancias diferentes que en las ciudades.

 

 


  • Rueda de prensa para informar sobre la actualidad en relación con el coronavirus
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