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sábado, 18 de noviembre de 2017
jueves, 02 de julio de 2015

Discurso de Investidura de Javier Lambán, candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón (parte 1)

Sesión de Investidura de Javier Lambán como Presidente de Aragón, Cortes de Aragón

 

Este año se celebra el IV Centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote. En la que Cervantes cuenta el episodio de la Ínsula Barataria, un episodio que cabe localizar en las localidades zaragozanas de Pedrola y Alcalá de Ebro.

Antes de partir hacia la Ínsula, Don Quijote ofrece a Sancho una serie de recomendaciones para el buen gobierno de la misma. “No te desprecies de decir que vienes de labradores”, le dice, para asegurarle a continuación que “la sangre se hereda y la virtud se conquista y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale”

No diré que esa alusión a la herencia y al mérito haga de Don Quijote una suerte de socialdemócrata del siglo XVII. Pero sí un personaje que, a su manera, asocia la aspiración de igualdad a la idea de buen gobierno, de gobierno justo.

¿Es esto una invitación a leer o releer el Quijote?

Sí. Es lo menos que podemos hacer para celebrar el IV Centenario, con la seguridad de que no obtendremos de ello sino provecho.

Pero además me parece un preámbulo adecuado para el discurso de esta mañana, con el que vengo a solicitar la confianza de ustedes para presidir un gobierno en torno a un programa y a unos propósitos que tienen mucho que ver con la sangre y la virtud de las que hablaba nuestro ingenioso hidalgo.

Enseguida verán por qué.

Señor Presidente: las Cortes de Aragón han sido siempre muy plurales en cuanto al número de partidos representados. En todas las legislaturas han convivido hasta cinco grupos parlamentarios en esta Cámara, en la que ninguno ha tenido jamás mayoría absoluta.

Pero en esta ocasión, los ciudadanos aragoneses han querido que existieran todavía más fuerzas representadas: nada menos que siete. Esta situación política no es comparable a ninguna otra que se haya vivido antes en estas Cortes.

Esta pluralidad, que debe llevarnos a dar lo mejor de nosotros mismos en nuestras tareas parlamentarias, invita también  a la reflexión política.  

Soy consciente que la presencia de nuevas fuerzas no sólo es el reflejo de la crisis política por la que pasa nuestro país. Es además una muestra de lo mucho que ha progresado y madurado nuestra sociedad. Los ciudadanos ya no aceptan cualquier respuesta a sus problemas y nos exigen que les escuchemos con más atención que nunca

Por lo tanto, empezamos hoy una travesía nueva, no exenta de dificultades. Pero así lo han querido los ciudadanos, que, a través de su voto,  impulsaron el pasado 24 de mayo el cambio político que hoy tratamos de llevar a cabo.

Señores diputados: a la sociedad aragonesa la caracterizan en estos momentos cifras dramáticas en casi todas sus dimensiones. Hay 50.000 parados sin subsidios. Hay 16.700 hogares aragoneses que no reciben ningún ingreso, 32% más que hace cuatro años. En 6.844 hogares aragoneses todos sus miembros están en el paro, un 23% más que al principio de la legislatura.

Todos ellos son dramas humanos que conduce a problemas sociales tan importantes como los desahucios, la pobreza energética, la imposibilidad de tener una alimentación digna o la pobreza infantil. 

Y la receta que se viene aplicando en los últimos años, el recorte permanente del gasto social y de los derechos sociales, no ha podido ser más equivocada. Hoy tenemos menos maestros, menos médicos, menos becas y menos ayudas para libros que hace cuatro años. Una política pública tan fundamental como la dependencia, que atiende a las personas que necesitan más ayuda de los demás, ha sido paralizada.

En estas circunstancias, el principal debate público de los últimos tiempos se ha sostenido entre los partidarios de mantener una política que está produciendo desigualdad, pobreza y exclusión social y los que, como el partido al que pertenezco, han denunciado los efectos de esas políticas y han reclamado un cambio de las mismas.

Un debate entre quienes han aprovechado la crisis para tratar de cambiar el modelo social e imponer el suyo, basado en el desmantelamiento progresivo de los servicios públicos y su privatización, y quienes tratamos de recuperar el modelo de estado de bienestar, un modelo consistente en ofrecer seguridad a los ciudadanos frente a cualquier clase de infortunio (enfermedad, paro, pobreza) a través del disfrute de derechos universales, gratuitos y de calidad.

En definitiva, un debate entre quienes acepan que la “sangre” de la que hablaba Don Quijote, es decir, el origen familiar y la herencia, determinen la vida de las personas, dejándolas abandonadas a su suerte, y quienes tratamos de que prevalezca la “virtud”, es decir, la valía personal, creando marcos de igualdad de oportunidades para todos, de manera que nada que no sea el esfuerzo y el talento limiten la trayectoria vital de ninguna persona.

En estos términos se produjo la contienda electoral y finalmente los aragoneses optaron mayoritariamente por el cambio.

El mandato de las urnas fue claro en el sentido de que debía surgir de estas Cortes un gobierno dedicado a combatir las desigualdades en cualquiera de sus dimensiones, incluida por supuesto que se produce entre hombres y mujeres, partiendo de la base de que la desigualdad no solo es inaceptable éticamente sino que supone un lastre para el desarrollo económico y actúa como disolvente letal de la propia democracia.

Y hoy tratamos de dar cumplimiento a ese mandato de las urnas mediante un acuerdo de investidura circunscrito básicamente a estas cuestiones.

A diferencia de lo ocurrido tradicionalmente, no es un pacto de legislatura ni de gobierno sustentado en el apoyo de 34 diputados. Es, sin embargo, un acuerdo asentado en argumentos muy sólidos:

-Da respuesta a las preocupaciones y prioridades fundamentales de los ciudadanos aragoneses en el momento actual.

-Incluye un programa de actuación que abarca a todo el núcleo competencial básico de la Diputación General de Aragón (educación, sanidad y servicios sociales), es decir, una serie de actuaciones que acaparan más del 60% del presupuesto.

-Y se propone como objetivo la estabilidad social, que es el bien político mayor para los firmantes,  y, en consecuencia, apela a la responsabilidad de todos ellos para ir asegurando la estabilidad política que la haga posible.

En realidad, estamos hablando de compromisos que para su cumplimiento cabal requieren no menos de una legislatura, pues no es empresa menor acabar con la pobreza y la exclusión social y reconstruir los servicios públicos, que son, ni más ni menos, los dos grandes objetivos para los que solicito la confianza de esta Cámara.

De las negociaciones llevadas a cabo con Podemos, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida poco puedo decirles que ustedes no sepan, dado la publicidad y transparencia con que se han llevado a cabo.  

Pero el compromiso estricto de su cumplimiento, adquirido por el PSOE con cada una de esas fuerzas por separado, sí quiero ratificarlo hoy ante estas Cortes, pues, independientemente de que hayamos acordado otras fórmulas para verificarlo, será en el Parlamento donde en última instancia habré de dar cuenta puntual del mismo. 

Los documentos que reflejan los acuerdos alcanzados son también públicos. A modo de resumen, diré aquí que, en materia de sanidad, nos comprometemos a la recuperación de la sanidad pública universal en Aragón, con el acceso gratuito y universal a las prestaciones y a la cobertura farmacéutica de todos los ciudadanos, sea cual sea su procedencia o situación jurídica, según criterios éticos, económicos y de eficiencia

La reducción en las listas de espera, la construcción de un Hospital en Alcañiz de carácter absolutamente público o la agilización de las obras del Hospital de Teruel forman parte también del programa acordado.

En materia de educación, nos proponemos paralizar de manera inmediata la aplicación de la LOMCE en todo aquello que es competencia de la Comunidad Autónoma. Procederemos también rápidamente a ampliar las becas de comedor.

         En general, todos los grupos coincidimos además en la necesidad de impulsar un modelo educativo construido desde el consenso y la participación, bajo los principios de equidad, calidad y corresponsabilidad. Una educación que proteja su carácter universal y gratuito, que garantice la igualdad de oportunidades, y que sea el motor del necesario cambio social de cohesión y progreso. Una educación convertida en compromiso político y presupuestario prioritario en esta legislatura, que nos permita avanzar en el éxito escolar recuperando los estándares de calidad en infraestructuras, profesorado, programas entre otros.

Respecto a las políticas sociales, el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales aprobada en la legislatura 2007-2011 sería en sí mismo un programa suficiente para los próximos cuatro años. En ese marco se inscriben, por otra parte, dos leyes que ya planteamos esta última legislatura y que traeremos otra vez a estas Cortes lo antes posible: la renta social básica, para evitar que haya una sola familia aragonesa sin ninguna clase de ingreso y una ley de medidas extraordinarias y coyunturales para el fomento de la inclusión social, centrada sobre todo en la pobreza energética y alimentaria.

Es en este campo, por otra parte, donde más compromisos concretos hemos adquirido en los acuerdos de investidura, sobre todo para asegurar el derecho al suministro energético y evitar los desahucios a través de diferentes medidas.

Por último, actualizar la aplicación de la Ley de Dependencia será, como es lógico, otra de las líneas rectoras de nuestra política social, de ese cuarto pilar del estado del bienestar en cuyo impulso fuimos líderes en otro tiempo.  

Planteo, pues, una agenda política absolutamente condicionada por esas prioridades y, en consecuencia, también serán ésas las prioridades presupuestarias, aunque sea a costa de reducir o posponer otras partidas de gasto por importantes que sean. 

En ese sentido, tengo que manifestar que, aún sin conocer con detalle la situación, me preocupa mucho el estado de las cuentas de la Comunidad Autónoma.

No solo el reiterado incumplimiento del déficit y la duplicación de la deuda o ser la comunidad más morosa. No solo el demoledor informe de la Cámara de Cuentas, que acaba de confirmar nuestras peores sospechas. No solo la propia ejecución del presupuesto de este año, que demuestra que las cuentas siguen totalmente descontroladas.   

Me preocupa que, de hecho y de derecho, somos una comunidad intervenida por el Ministerio de Hacienda y que el señor Montoro ya ha dejado claro que va camino de convertirse en el primer y más encarnizado adversario político del gobierno que queremos formar. 

Saben que hemos sido muy críticos con la gestión del gobierno saliente. Parte de la solución del problema financiero de la comunidad cabe esperarla de una mejora sustancial de esa gestión. Pero no voy a insistir en ello.  

La reconstrucción de los servicios públicos dependerá en gran medida de la evolución de los ingresos y es, por tanto, a trabajar en eso a lo que nos dedicaremos desde el primer día si obtenemos el apoyo de esta Cámara. 

Está en nuestra mano buscarlos por la vía de los tributos. En el programa del PSOE hablábamos de impuestos ambientales tales como el que ha planteado Podemos para las hidroeléctricas y que aprobaremos antes de fin de año.

Pero no cabe engañarse. Las comunidades autónomas no tienen apenas capacidad para resolver de manera autónoma sus problemas de ingresos. Las verdaderas soluciones solo pueden encontrarse en un replanteamiento de las políticas del Gobierno de España, que tenemos la obligación de forzar de la mano de las demás comunidades. 

Tenemos que exigir una flexibilización mayor en el cumplimiento del objetivo del déficit, pues, aunque aumente la recaudación en los próximos años, el calendario impuesto por el Ministerio hace imposible una recuperación real del equilibrio fiscal. No es razonable que las comunidades autónomas gestionen el 34% del gasto público y tan solo se les permita un margen del 15% del incremento del déficit.

Tenemos que plantear un cambio en el sistema de fijación de los anticipos, procurando la revisión de los mismos conforme vaya evolucionando la recaudación.

Tenemos que insistir en la necesidad de una reforma fiscal nacional, una fiscalidad que haga viable el Estado de Bienestar y, a la vez, permita cumplir el pacto de estabilidad y reducir paulatinamente la deuda.  

Piketty habla de impuestos confiscatorios para hacer frente a la desigualdad. No hablo yo de ir tan lejos pero sí de alcanzar en nuestro país una presión fiscal equiparable a la de los países europeos más avanzados socialmente y repartida de una manera más progresiva que la actual.

Pero, por encima de todo, tenemos que reivindicar un nuevo sistema de financiación autonómica, con más recursos y con un reparto de los mismos ajustado al coste real por habitante de la prestación de los servicios.

Sin dar ese paso de manera urgente y suficiente, las comunidades autónomas llevan camino de ser inviables, lo que significa que lleva camino de resultar  inviable el modelo social europeo que queremos para nuestro país.

Llegados a este punto, quiero dejar claro que los socialistas abordamos estos debates desde la legitimidad que nos da haber sido los constructores del Estado del Bienestar y con la  satisfacción de que, hasta el último día de la permanencia del PSOE en el Gobierno de Aragón, no hubo ningún ajuste significativo en sanidad, educación o dependencia.

Nuestra posición se ha visto consolidada además en estos cuatro años de oposición compartida con CHA e IU. Esto nos ha permitido constatar las coincidencias existentes entre las tres fuerzas y ha facilitado en acuerdo con el que puedo presentarme a estas Cortes a solicitar el apoyo necesario para formar gobierno.

Pero esta declaración no puedo hacerla sin la autocrítica correspondiente. Los socialistas no hicimos en su momento una reforma fiscal progresista que hiciera sostenible en circunstancias adversas un modelo social progresista. Además, aceptamos con demasiada resignación los ajustes impuestos por la troika e impulsamos una reforma del artículo 135 de la Constitución que yo asumí como un error desde esta tribuna hace ya no menos de tres años.

Ahora mismo, el PSOE trabaja en estimular  el incipiente giro de la política europea hacia políticas de crecimiento y, dentro de la reforma constitucional que pretendemos, proponemos medidas de blindaje del estado de bienestar, convirtiendo en derechos constitucionales la salud o los servicios sociales y contraponiendo al concepto de techo de gasto el de suelo de derechos sociales que bajo ninguna circunstancia podrá un gobierno vulnerar.

 En cualquier caso, quiero expresar mi reconocimiento a los movimientos sociales, que han despertado a la política y la han sacudido de las inercias y letargos que estaban arruinando su credibilidad, a los movimientos sociales y a las fuerzas políticas directamente surgidas de los mismos como es el caso de Podemos.

 

Por lo demás, como decía Stephan Hessel, autor del manifiesto del 15-M, no se trata de inventar nada sustancialmente nuevo. Se trata simplemente de recuperar la buena política, la que caracteriza a la mejor tradición democrática europea. 

Hablaba yo al principio del Quijote. Pero apenas treinta años después, en los famosos debates de Putney de 1647, uno de los participantes, el coronel Thomas Rainsborough, decía que “la persona más pobre de Inglaterra tiene una vida que vivir, igual que la tiene la más grande” y que “todo hombre que haya de vivir bajo un gobierno debe primero haber consentido en ponerse bajo ese gobierno”.  

Fue aquel, en cierto modo, el momento fundacional de la democracia moderna, y tuvo lugar –fíjense bien- tres siglos antes de que gobierno laborista de Clement Attlee inaugurara el Estado de bienestar que iba a garantizar a los más pobres una vida que mereciera la pena vivirse y un gobierno a su servicio, que es justamente lo que nos proponemos los firmantes de este acuerdo de investidura.  

Señores diputados: De lo dicho hasta ahora, alguien podría llegar a la conclusión de que pretendo gobernar a partir de una interlocución exclusiva con los grupos que han anunciado su apoyo,  renunciando a la colaboración de las demás fuerzas políticas para hacer frente a los retos a los que se enfrenta Aragón ahora mismo.

Nada más lejos de la realidad.

Es muy importante que cuatro fuerzas políticas hayamos acordado cumplir el mandato electoral del pasado 24 de mayo en relación con las reclamaciones más urgentes de la sociedad aragonesa y en torno al meollo del elenco competencial de la Comunidad Autónoma, a partir de nuestra evidente afinidad programática e ideológica.

Pero hay otros aspectos que, aun teniendo la comunidad sobre ello menos competencias, no son en modo alguno irrelevantes. Los contempla nuestro Estatuto de Autonomía y nos remiten a la defensa del interés general de los aragoneses en un tiempo de cambios y de desafíos nuevos, que desbordan ampliamente la capacidad de las fuerzas políticas firmantes del acuerdo y aún la de este Parlamento entero.

Aragón necesita grandes reformas en casi todos los órdenes y ello nos obliga a  entender la política no solo como instrumento para aplicar nuestras ideas sino sobre todo como misión patriótica fundamental.

¿Cuál es la sustancia de esa misión patriótica?

En palabras de Manuel Azaña, uno de los políticos más importantes de la historia de España, el amor al país, pero sabiendo “por experiencia propia” que eso que se llama el país no es solo una historia y una geografía común sino, sobre todo, “un conglomerado de millones de seres con nombre y apellido, con pasiones y necesidades, que sufren, que padecen injusticias, que padecen necesidad y que tienen más o menos despiertas o analizadas las mismas aspiraciones, los mismos deseos y las misma ambiciones que nosotros”

No dudo de que todos los aquí presentes profesamos ese amor al país 

Pero, ¿cómo llevar a cabo esa misión, que nos emplaza ahora mismo a impulsar cambios del modelo económico, social y administrativo y a una manera distinta de practicar la política?

El Papa Francisco, del que admiro el sesgo  humanista e ilustrado que está imprimiendo a su labor, hacía al principio de su pontificado algunas recomendaciones muy útiles para quien aspire a promover el desarrollo integral de cualquier sociedad.

“El tiempo es superior al espacio” decía el jesuita argentino, un principio que aconseja trabajar a largo plazo, “sin obsesionarse con resultados inmediatos, sin ansiedad, pero con convicciones claras y tenacidad”, con un horizonte de trascendencia en cuanto a ir más allá de los plazos electorales, algo fundamental para esos cambios que propongo que impulsemos entre todos

Pero, para recorrer ese camino, “la unidad ha de prevalecer sobre el conflicto, en el sentido de que “el conflicto no puede ser ignorado o disimulado, ha de ser asumido y resuelto no apostando por la absorción de uno en otro, sino por la resolución en un plano superior que conserve en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna”.  

“Con corazones rotos en miles de fragmentos –termina Bergoglio-  será difícil construir una auténtica paz social”.

Desde luego, no hace falta militar activamente en el catolicismo para reconocer el acierto de estas reflexiones.

Yo las hago mías y, desde esa convicción,  me propongo impulsar grandes pactos que tendrán como escenario estas Cortes y como protagonistas a todos y cada uno de los grupos en ellas representados, haciendo así que lo que para algunos es preocupante fragmentación acabe convirtiéndose en una oportunidad para el conjunto de la sociedad aragonesa. 

El primer gran pacto social y político que propongo tiene por objeto nuestro sistema educativo. Creo que hay una coincidencia notable en torno a la necesidad del mismo pues ya en noviembre pasado estuvimos a punto de acometerlo en estas Cortes y solo lo impidió la proximidad del fin de la legislatura.

La educación es un derecho constitucional básico, palanca de redención social por excelencia y principal factor de convergencia entre países y clases sociales.

Pero en ella está también el embrión del modelo de país que queremos, que exige equilibrio entre la ciudad el medio rural e igualdad real de oportunidades; un país de ciudadanos que no solo sepan hacer facturas, como pretende la LOMCE, sino que sean capaces –por ejemplo- de apreciar un poema.   

Es de tal envergadura el empeño,  que la participación de la comunidad educativa y aún de la sociedad en su conjunto es imprescindible, si lo que queremos es construir un nuevo modelo educativo compartido por la sociedad y que dote de estabilidad al sistema. 

El pacto deberá definir en la mayor medida posible un sistema educativo que sirva también a la eficiencia y a la competitividad del modelo productivo, a través de una FP adaptada a sus necesidades, y deberá fijarse el objetivo de superar los recortes de estos años alcanzando para la educación una dotación presupuestaria estable del 5% del PIB 

En segundo acuerdo es el que tenemos que proponernos en torno al empleo, la principal preocupación de los ciudadanos después de cuatro años de políticas fallidas al respecto, como lo demuestra el hecho de que ahora hay más paro que entonces y menos personas trabajando.

La crisis nos ha situado en la paradoja de que tener empleo ya no es sinónimo de normalidad en los ingresos de los trabajadores: es esa nueva categoría laboral de los denominados pobres con empleo.  97.000 aragoneses tienen que conformarse con un contrato temporal, 50.000 ganan una media de 400 euros al mes, y 120.000, más de la cuarta parte de los asalariados, ganan menos de 1.000 euros al mes.

Creo sinceramente que las políticas activas de empleo son una gran asignatura pendiente.  Por eso, me propongo evaluar con carácter de urgencia su eficacia y, en su caso, proponer una reforma en profundidad de los estímulos, ayudas y subvenciones a la creación y mantenimiento del empleo.  Los recursos públicos, siempre escasos, deben concentrarse en los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral: jóvenes en busca del primer empleo, mayores de 45 años, parados de larga duración y personas con menores niveles de formación.

En concreto, con un 47% de jóvenes desempleados, no podemos retrasar ni un día más la puesta en funcionamiento del Plan Garantía europeo, que en otras comunidades empieza a dar buenos resultados.

Pero eso no puede hacernos olvidar que, para facilitar la creación de empleo, la labor fundamental de los poderes públicos es la creación de entornos favorables a la inversión privada, porque, si el Estado del bienestar es la bandera del modelo europeo, su sostenibilidad es indisociable de la economía social de mercado, según la cual son las empresas privadas los verdaderos motores de la economía y del empleo, mientras que el Estado debe intervenir  para asegurar la calidad del mismo, orientar la estrategia económica del país y redistribuir la riqueza a través de unos servicios públicos universales y de calidad.

La recuperación actual no va en esa dirección. Debida a factores externos y, por lo tanto, ajena a decisiones propias, sin haber introducido ningún cambio del modelo que estalló en 2008, España no ha encontrado hasta ahora otra vía para competir que la de la devaluación salarial y la precariedad laboral.

Pero pretender basar la competitividad de las empresas en los costes laborales es situar al país en una dinámica de empobrecimiento insoportable y al sector productivo, en un escenario de marginalidad en el contexto de las economías más avanzadas, donde prima la competitividad ganada a través del capital humano, la innovación y la calidad de la gestión empresarial. 

Aragón tiene recursos humanos y empresariales como para aspirar a ser una comunidad capaz de competir en los mercados internacionales y de retribuir adecuadamente a sus trabajadores.  Muchas de nuestras empresas lo demuestran ya día a día a través de su capacidad exportadora y de su expansión internacional.

Ése es el camino a seguir. No podemos permitirnos dejar pasar el tren de la recuperación. Pero tenemos que aprovecharlo para corregir las desigualdades actuales y para modernizar nuestro modelo productivo,  pues, si no, corremos el riesgo de entrar en una crisis como la anterior en cuanto las motores externos del crecimiento actual dejen de funcionar. 

Por otra parte, no se nos oculta que son la Unión Europea y  el Gobierno de España quienes tienen realmente las palancas para una producir una recuperación económica justa. Pero las comunidades autónomas, aunque reducido, tienen un margen de actuación que nosotros nos proponemos ensanchar al máximo, ordenando bien todos los recursos de los que disponemos.

Por lo pronto, coincidimos con los actores económicos en su diagnóstico sobre el precio de la energía, la más cara de Europa; el crédito, no bien resuelto todavía, o el trato de discriminatorio de pymes y autónomos respecto a las grandes empresas, en materia de fiscalidad, acceso a créditos o contratos con la administración.

Compartimos su análisis de las causas que lastran la competitividad de nuestras empresas: pequeño tamaño, insuficiencia de recursos propios, escasa permeabilidad a la innovación o baja apertura al exterior. 

Y estamos también de acuerdo con las ideas que apuntan todos ellos como base de una política económica que responda a los retos que tenemos que afrontar como país.

En primer lugar, es unánime la opinión de que no hay posibilidad de crecimiento empresarial sin innovación y que Aragón necesita intensificar su transición hacia una economía basada en el conocimiento. 

Es más preciso que nunca un Programa de Innovación basado en acciones de formación, consultoría y apoyo financiero de amplio espectro, que abarque a todo el tejido empresarial y de trabajo autónomo y que incida en aquellos aspectos singularizados que cada cual precise. 

   

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