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martes, 17 de julio de 2018
viernes, 13 de julio de 2018

Se autoriza el gasto para la construcción de las depuradoras de Castellote y Mazaleón

El Consejo de Gobierno ha autorizado al Instituto Aragonés del Agua un gasto plurianual, para la contratación de las obras de construcción y funcionamiento inicial de las plantas depuradoras de Mazaleón y Castellote en la provincia de Teruel.

Una vez subscritos sendos convenios de colaboración entre el Instituto Aragonés del Agua y los ayuntamientos de Mazaleón y Castellote sobre las actuaciones necesarias para la construcción y explotación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en cada municipio, en diciembre de 2016 se redactaron los correspondientes proyectos por un importe de 897.363 euros en el caso de Mazaleón y de 777.355 euros para la localidad de Castellote.

La financiación se realizará al 100% por el Instituto Aragonés del Agua. La contratación de las obras está prevista por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y con un plazo de ejecución de 30 meses.

A estas dos depuradoras, se sumará la de Mas de las Matas que también se ejecutará durante este año. Asimismo, en la zona 10 entrarán próximamente en funcionamiento las depuradoras de Castelserás, a punto de concluir; Maella y Calaceite, al 25% de su ejecución.

Con la ejecución de las EDARS de Calaceite y Maella, se completa el rango de actuaciones de más de 2.000 habitantes equivalentes, que quedaban pendientes en las provincias de Zaragoza y Teruel.

Completarán las actuaciones de la zona 10, Nonaspe, Valdealgorfa, Aguaviva, Cantavieja y La Iglesuela del Cid, donde se han completado la redacción de todos los proyectos y a lo largo de 2018 se llevarán a cabo los trámites necesarios para la obtención de terrenos. Con estas obras se completa esta zona del plan especial, que tiene por objetivo dar tratamiento a las poblaciones con carga contaminante superior a los 1000 habitantes equivalentes. El Gobierno de Aragón ha abordado directamente su proyecto y construcción después de desistir de las dos concesiones de obra pública que había licitado el anterior gobierno y que conjuntamente suponían un gasto de 90 millones de euros.
 

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