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sábado, 26 de septiembre de 2020
miércoles, 24 de junio de 2020

Consumo Aragón secunda la postura del Ministerio de Consumo que considera abusiva la “tasa COVID”

Algunos establecimientos habían comenzado a cobrar a los clientes por la desinfección de sus locales, una práctica que podría ser constitutiva de infracción de los derechos de los consumidores
La Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón ha recibido casi 3.000 consultas relacionadas con consumo durante todo el estado de alarma
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Con la vuelta de la actividad económica y la reapertura de establecimientos tras las semanas de confinamiento, los negocios han tenido que asumir medidas específicas de desinfección e higiene en sus locales para garantizar la seguridad de trabajadores y clientes. Algunas consultas de consumidores han advertido de establecimientos o profesionales que pretenden cargar al cliente los gastos ocasionados por EPIs o la higienización de sus espacios, desglosándolo en la factura como si fuera un servicio adicional. Consumo Aragón recuerda que el Ministerio de Consumo ya se pronunció sobre este asunto y estipuló que el cobro de la llamada “tasa COVID” podría ser considerado “una cláusula abusiva” y constitutiva de una “infracción administrativa”.
 
“No procede aplicar un recargo al consumidor en la factura o ticket por gastos de higiene, protección o desinfección, o por los EPIs de los empleados, ya que no son servicios opcionales que el cliente pueda solicitar o no, sino obligaciones inherentes a la propia prestación del servicio para la protección de trabajadores y usuarios en el marco de la actual normativa sanitaria”, concreta el director general de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón, Pablo Martínez. Desde Consumo se rechaza esta práctica, si bien no está muy extendida en la Comunidad y las consultas por ella han sido muy puntuales.
 
Cobrar un suplemento por la desinfección estaría infringiendo la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en el sentido de los puntos 4 y 5 del artículo 89 del texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, ya que se trataría de la imposición al consumidor de un servicio no solicitado y no susceptible de aceptación o rechazo por su parte, aunque se hubiese informado previamente. No suponen un servicio adicional para el cliente, sino que se trata simple y llanamente del cumplimiento estricto de las medidas de seguridad impuestas para hacer frente a la propagación del virus.
 
2.879 consultas en todo el estado de alarma
 
Los servicios de atención al consumidor del Gobierno de Aragón han registrado 2.879 consultas durante las catorce semanas que ha permanecido vigente el estado de alarma. Las dudas relacionadas directamente con el coronavirus representan el 41,26% del total, aunque en algunas semanas, estas superaban el 70% de las consultas atendidas.
 
La mayoría de personas han llamado por teléfono (71%), frente a las que han optado por el correo electrónico (22%). El perfil mayoritario es el de una mujer, de entre 40 y 52 años en casi la mitad de los casos, que llama para solicitar información en general, pero también por incumplimientos en algún contrato o ante irregularidades en servicios contratados.
 
Aunque, sobre todo, se han producido consultas de carácter informativo, también ha habido reclamaciones y se han interpuesto quejas y denuncias. Los sectores que más preguntas han despertado han sido: Turismo (18,83%), Telecomunicaciones (17,96%), Electricidad (7,68%), Sanidad (6,67%) y Transporte (6,01%). 
 
En cuanto a la procedencia de las consultas, los consumidores han llamado de hasta 123 localidades diferentes, si bien las tres capitales de provincia representan el 87,6%. Entre otras poblaciones, destacan Sariñena y Alcañiz por número de atenciones.
 
La página web de Consumo Aragón (https://www.aragon.es/-/consumo-1) ha recibido en total 6.183 visitas durante el estado de alarma, en los contenidos específicos de derechos de los consumidores en la crisis del Covid-19. A través de ella se han ido ofreciendo informes asiduamente sobre las resoluciones y medidas tomadas en el ámbito del consumo para facilitar a los consumidores las gestiones vinculadas a compras, actividades programadas, viajes, extraescolares, renovación de documentos, etc.
 
A este respecto, se recuerda que para las actividades y contratos afectados por la pandemia, existe el derecho a cancelar el contrato y al reembolso de cantidades. Pero la nueva normativa también abre un periodo de 60 días para intentar llegar a un acuerdo de intercambio de la actividad programada por otro servicio o compensación. Por ejemplo, en el caso de un viaje combinado, un vale de descuento o un bono a disfrutar en el espacio de un año. Si por ejemplo se trata de las cuotas de un gimnasio, puede acordarse una reducción para los siguientes meses. O si son clases de idiomas, recuperarlas a posteriori. En cualquiera de los casos el consumidor decide y, si no se produce este acuerdo, el empresario está obligado a reembolsar el importe en 14 días.
 
Pablo Martínez subraya la necesidad de que, a partir de ahora, con la “nueva normalidad” todos seamos responsables, “los consumidores debemos actuar con precaución para evitar riesgos innecesarios, guardar la distancia de seguridad, usar mascarilla y colaborar con los establecimientos en cuanto a los aforos, uso de probadores y medidas de higiene y prevención”.
 
Además, el Gobierno de Aragón reabre la atención presencial en los servicios de consumo, para lo que se requiere solicitar cita previa por internet o por teléfono: 976 713 679 (Zaragoza), 974 247 234 (Huesca) y 978 654 025 (Teruel). La atención telefónica se efectúa en el 900 121 314 o en el correo consumo.doc@aragon.es. Toda la información para solicitar cita previa está disponible en https://www.aragon.es/-/consumo-1.
 
*Se adjuntan audios del director general de Protección de Consumidores y Usuarios, Pablo Martínez, así como carteles informativos
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Dirección de Comunicación del Gobierno de Aragón Contacto
Teléfono de contacto: 976 714 000

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